Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata expresaron este miércoles su preocupación por el posible quebrantamiento a los derechos humanos en operaciones militares de Ecuador, cuestionando el alcance y la legalidad de la participación militar de EE.UU. en dicho país.

«Personal militar ecuatoriano interrogó y agredió a civiles desarmados, incendió viviendas e infraestructura, y sometió a los detenidos a torturas antes de que el lugar fuera bombardeado desde el aire el 6 de marzo”, expresaron legisladores de la Cámara de Representantes en una carta dirigida al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

«El alcance de la participación militar de EE. UU. en Ecuador sigue sin estar claro, tanto para el Congreso como para el público estadounidense», añadieron, subrayando su preocupación por la profundización de vínculos en el terreno militar con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Los congresistas insistieron en la ejecuciones de posibles crímenes contra población civil en Ecuador: «estamos profundamente preocupados por los informes sobre graves violaciones de los derechos humanos y el bombardeo de lo que parecen haber sido instalaciones civiles durante las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador, llevadas a cabo en el norte de Ecuador a principios de marzo».

Al respecto, los demócratas exigieron la suspensión de las actividades militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador a la espera de una investigación, advirtiendo que si el Ejército de EE.UU. participa en unidades que supuestamente han vulnerado derechos humanos sin que exista una investigación «creíble en curso», ello constituiría un incumplimiento de las Leyes Leahy.

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La normativa impide que el Ejecutivo estadounidense financie o brinde apoyo técnico a unidades de defensa extranjeras que arrastren denuncias de abusos graves sin resolución legal.

El documento expresa que «a lo largo de su mandato, el presidente Daniel Noboa ha supervisado la violenta represión de protestas lideradas por pueblos indígenas, ha amenazado públicamente a la Corte Constitucional y ha congelado las cuentas bancarias de organizaciones de la sociedad civil», declarando como alarmante la deriva autoritaria y antidemocrática que caracteriza al gobierno del mandatario ecuatoriano.

Entre los legisladores que lideran la solicitud se encuentran Greg Casar, Ro Khanna e Ilhan Omar quienes demandan respuestas claras sobre «bajo qué leyes y hasta qué punto se está involucrando Estados Unidos en estas operaciones».

Poco después de la incursión ocurrida entre el 3 y el 6 de marzo en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, diversos medios estadounidenses difundieron una investigación que pone en duda la narrativa oficial de una acción exitosa contra el narcotráfico. Sin embargo, hallazgos periodísticos sugieren que el objetivo era en realidad una granja lechera y ganadera, sin conexiones aparentes con el crimen organizado o grupos armados.

Este cuestionamiento es el eje central de la carta firmada por 20 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, quienes buscan esclarecer la discrepancia entre el informe del gobierno y la realidad del terreno.

La misiva subraya la preocupación de que el apoyo estadounidense pueda haber estado involucrado en un ataque contra instalaciones civiles, contradiciendo los objetivos de seguridad declarados en la región. Los congresistas esperan una respuesta del Pentágono antes del 22 de mayo.

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